La división del PP, con las diputadas en contra de la 'ley Gallardón', forzará un cambio.
El Gobierno tiene planeado permitir el aborto en las casos más graves de malformación del feto aunque esas patologías no sean necesariamente incompatibles con la vida, única posibilidad según el anteproyecto actual.
Éste es el apósito con el que restañar la herida profunda que divide
al Grupo Parlamentario Popular, a los barones autonómicos y a miembros
del Gobierno a cuenta de la ley del aborto fabricada por Gallardón y apadrinada por Rajoy.
El Ejecutivo tiene previsto suavizar el anteproyecto de Ley Orgánica
de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer
Embarazada, dando entrada a un nuevo supuesto o una ampliación del
actual para el aborto eugenésico: las mujeres podrían abortar en casos «muy graves» de malformación.
Así lo confirman a EL MUNDO fuentes parlamentarias y gubernamentales,
que señalan que la modificación se acometerá aprovechando la futura
tramitación en las Cortes y abundan en la actual «fragmentación» del PP en el asunto. Tanto entre la dirección como entre los diputados rasos, el PP se divide en cuatro grandes sectores ideológicos ante la legislación del aborto:
1.- Los que abominan del plan de Ruiz-Gallardón y piden una «ley de plazos» similar a la socialista de 2010, aunque prohibiendo que las menores de 18 años puedan abortar sin el permiso expreso de sus padres.
2.- Los que apuestan por el regreso a la ley de 1985,
de despenalización en tres supuestos, donde el daño psíquico de la
mujer podía ser avalado por un psiquiatra, en lugar de dos más los
servicios sociales y los siete días posteriores de «reflexión» que marca
el texto actual.
3.- Los que aceptan el anteproyecto del ministro de Justicia, pero reclaman algunos cambios, fundamentalmente en los casos de malformación fetal.
4.- Los que avalan la propuesta actual o incluso piden aborto cero.
Los sectores 1 y 4 (sobre todo el 4) son minoritarios. El debate
profundo y más numeroso se cuece en las otras dos opciones, que en
realidad están bastante cercanas entre sí y afectan al aborto
eugenésico. O sea, una mayoría de diputados (el porcentaje sube entre
las 76 diputadas) quiere modificar de alguna u otra forma el anteproyecto de Alberto Ruiz-Gallardón.
'Inoportunidad de la reforma'
Un diputado: «Si el voto fuera secreto, el plan de Gallardón no saldría adelante»
Según señalaron tres fuentes distintas, en el Grupo Popular las críticas tienen que ver con la «inoportunidad» de la reforma, con el «secretismo»
con que ha sido elaborada («a nadie del partido ni del grupo se nos
consultó») y con la falta de mimbres para justificar el proyecto.
«Primero no nos preguntan por la ley. Y ahora que la sacan, no nos dan un argumentario [para defenderla]», se lamentaba una diputada popular partidaria de una ley de plazos.
«La batalla ahora no es la externa, sino la interna. Es paranoico sacar un proyecto si no se cree en él.
Si el voto fuera secreto, el proyecto no saldría adelante tal y como
está», dice un diputado que se mueve entre los sectores 2 y 3.
Con el anteproyecto actual, las mujeres sólo podrán abortar
en dos supuestos: en caso de violación y cuando el embarazo suponga un
«daño psicológico continuado» para la madre, lo que puede incluir la malformación fetal siempre que ésta sea «incompatible con la vida».
Podrían incluirse varias cardiopatías, encefalopatías, esclerosis y tumores
Lo que quieren las voces críticas es que se incorpore como supuesto
la malformación del feto, aunque esa patología no implique por sí misma
la muerte futura del concebido. Y la petición es que sean enfermedades
graves. Es decir, malformaciones cardíacas incurables, algunas encefalopatías, hidrocefalias progresivas, alteraciones graves del sistema nervioso central, determinadas esclerosis y diversas tumoraciones.
Fuentes del Grupo Popular aseguran a este periódico que ésa es la
única vía que maneja hoy el Gobierno para aunar posturas enconadas.
Recuerdan, además, que la reforma lleva «hilvanada» hace más de año y medio y
que ha sido Presidencia (y no el Ministerio de Justicia) la que ha
decidido dar el paso «inoportuno» de «abrir el melón» en este momento y
no en otro.
La búsqueda del consenso
A la espera de la llegada de los informes preceptivos (Consejo de
Estado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Económico y Social o
colegios de médicos y de enfermeros), el Ministerio de Justicia sigue buscando consenso tanto entre sus filas como en las de enfrente.
Gallardón ha enviado el texto a las CCAA, al CGPJ y a las asociaciones de mujeres, pero no al PSOE, con quien mantiene un desencuentro absoluto, agravado parlamentariamente el pasado miércoles en la sesión de control.
Allí, durante su pugna verbal con Elena Valenciano,
Gallardón insinuó que si los socialistas aceptan la muerte de los no
nacidos podrían hacer lo mismo con los ya nacidos. La escandalera fue
tal (entre las propias filas populares hubo gente que se llevó las manos a la cabeza) que Valenciano ha llegado a pedir amparo al presidente de la Cámara, Jesús Posada. En círculos íntimos, el popular Posada ha reconocido su malestar con las palabras de Gallardón y podría estar cerca de avalar públicamente a Elena Valenciano.
El impacto de la ley Gallardón dentro del PP es sísmico, pero el Gobierno quiere medirlo también fuera. Para ello, según informan fuentes de Génova, el Ejecutivo está sopesando encargar una batería de encuestas con el fin de calibrar el respaldo a su anteproyecto entre la población general.
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